SANTO DOMINGO.- El exdiplomático y abogado, Ángel Lockward sugirió este martes a la Junta Central Electoral (JCE) que disponga de un “Reglamento de Actuación” para faltas en proceso que sea aplicado por la Policía Militar Electoral para evitar la compra y venta de cédulas en los procesos electorales.
Además, que se exhorte al Fiscal Electoral Nacional y a los Fiscales Electorales Provinciales a desplegar personal en los centros de votación a los fines de asegurar el cumplimiento de la ley, evitando la compra y venta de cédulas, así como la instalación de carpas partidarias, como sucedió en las elecciones municipales en violación al artículo 316, número 10.
El licenciado Lockward en un documento enviado a la JCE, con fecha 11 de marzo de 2024, también solicita a organismo electoral que se inicie, por disposición administrativa, una campaña publicitaria informando a la ciudadanía las implicaciones legales de la compra y venta de cédulas.
También sugiere que se “autorice por resolución el voto el 19 de mayo de 2024 de cualquier ciudadano que por alguna razón carezca de su Cédula de Identidad y Electoral, pero que esté claramente consignado en el Padrón del Colegio Electoral al que concurra, registrándolo como observado, tenga objeción o no de algún delegado político”.
En el documento dirigido los jueces de la JCE, Lockward dice que “en el país muchos esperábamos que fruto de la enorme cantidad de candidatos en el nivel de regidores y de agrupaciones políticas postulantes, teniendo en cuenta el zafarrancho del 2020, las elecciones por su complejidad, serían traumáticas, sin embargo, las dificultades administrativas fueron menores y los resultados fueron dados en un tiempo adecuado dando lugar a una cantidad de recursos contenciosos relativamente pequeña”.
Recordó que, según las declaraciones vertidas por ciudadanos, por los partidos de oposición y, luego corroboradas por la OEA, por las iglesias cristianas, Finjus y por Participación Ciudadana, se observó una práctica general de compra de cédulas de identidad con el objeto de forzar una abstención que está prohibida y castigada por la ley, sin que ninguna autoridad procurara impedirla.
“A este hecho de connotación pública, la JCE no se ha referido hasta la fecha, así como tampoco la Policía Militar Electoral o la Fiscalía Electoral, órganos compuestos por funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, llamados a evitarlo”, añadió.
Indicó que la “compra de cédulas en el proceso pasado constituyó un hecho evidente que ni el Gobierno ha negado y, que de él se desprende que muchos ciudadanos actualmente no disponen de su documento de identidad y electoral, que a la mayoría no le será devuelto ates del 19 de mayo de 2024, una disposición de esta naturaleza, les permitiría ejercer su derecho”.