El Gobierno anunció que iniciará el proceso para la licitación del proyecto de inspección técnica vehicular (la revista) en unos 60 días. Este pasaría a manos del sector privado, con el objetivo de reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito con un sistema moderno.
Para ello director de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, previo a la presentación del proyecto a directores y representantes de medios de comunicación, informó que desde hace dos años se trabaja en ese sentido.
Informó que hay que hacerle unos ajustes a los pliegos para luego consensuar con el Consejo Alianza Público Privada, que finalmente es la que aprueba la licitación.
Freund dijo que durante todo este tiempo han escuchado a muchos de los sectores vinculados al tema antes de tomar una decisión, que dijo, impactará a toda la sociedad. “Queremos escuchar a las partes interesas para nosotros lanzar la mejor iniciativa y proceso, este es un gobierno que escucha”.
Reducir muertes por accidentes
Las autoridades han diseñado un cronograma que se inicia el próximo mes con el lanzamiento del proceso competitivo, en junio la habilitación de oferentes y la publicación de resultados de los oferentes habilitados y para septiembre la presentación de ofertas técnicas y económicas y evaluación de cada una.
Para octubre se hará la evaluación de ofertas económicas, en nombre sería la adjudicación y para el 2025 el inicio de la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV). La visión al 2030 es que el país reduzca en un 50 % las muertes y lesiones por accidentes de tránsito con acciones concretas y políticas públicas como las licencias por puntos, intervenciones en las calles y carreteras, foto multas, entre otras.
Alrededor de 3,000 personas mueren cada año en accidentes de tránsito, la mayoría con edades comprendidas entre los 15 y los 34 años de edad y la principal causa son fallas mecánicas, mientras que los lesionados suman aproximadamente los 100,000, de acuerdo con datos ofrecidos a partir de las estadísticas levantadas con información de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas.
“La inversión es del sector privado, la adquisición de los terrenos, será del sector privado, no hay enajenación del fisco ni de recursos ni de activos que necesite ir al Congreso Nacional. Estamos tratando de ponernos al nivel de los sistemas mejores del mundo”.
Hugo Beras
Por su lado, Hugo Beras, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dijo que se trata de un megaproyecto que cubrirá todo el territorio nacional asimilando la experiencia de otros países.
Al preguntarle el por qué el propio Intrant o el Ministerio de Obras Públicas no impulsan el proyecto de manera particular dijo: “República Dominicana no ha tenido la experiencia en este tipo de proceso que es delicado, que incluye a instituciones con experiencia en el tema a nivel global, si investigan en todo el planeta hay un grupo de empresas que son las que hacen estos procedimientos, que son un tercero imparcial, vamos a decirlo de esta manera, que no hay ninguna participación de ningún actor de los gobiernos para que pueda emitir una opinión correcta y confiable de las condiciones de los vehículos”.
Las limitaciones presupuestarias y las dificultades que tendría el Estado para implementar el programa mediante operación pública es lo que motiva a la licitación.
El proyecto contempla que los operadores privados invertirían alrededor de 37 millones de dólares en la etapa de construcción para desarrollar los centros y adquirir las maquinarias.
La Alianza Público Privada permitiría al Intrant, transferir los riegos de inversión como sobre plazos y sobrecostos, además de garantizar un servicio de calidad a los usuarios por un operador con experiencia y reconocimiento internacional.
Transportistas opinan
Antonio Marte, dirigente de Conatra, considera absurdo solicitar la revista porque entiende que el 70 % de los vehículos que circulan por las calles y carreteras no tienen las condiciones para “pasar” una revisión por su deterioro, que, a su juicio, es la principal causa de los accidentes, pero además debido a que desde 2008 no se renueva la flotilla vehicular.
Entiende que lo que se busca es solo el interés de “ganarse unos cuartos” en vez de hacer cumplir la ley, y advirtió que como actor importante del sector transporte se opondrá, porque dijo estar seguro que detrás de esos planes está el sector privado que quiere hacer un jugoso negocio con la revista.
“Ellos lo que andan es buscando cuartos con eso, no es verdad que nosotros vamos a permitir que un carro modelo 80 tenga que sacar una revista, ¿cómo califica eso motiva la venta por fuera (mafias) que van y las compran al por mayor y vienen y se la venden a los choferes, yo creo que antes de eso, si es el Intrant que está en eso, debe pensarlo”, dijo Marte.
Un error
Juan Marte, presidente de la Central Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT) no favorece que la revista sea manejada por el sector privado y en cambio exige que el Estado asuma esa responsabilidad.
“Es un error del Estado estar entregando al sector privado la supervisión y fiscalización de áreas fundamentales del país, eso tiene que manejarlo el Intrant, para que el que se creó, entre otras cosas. Cada vez que el Estado se desprende y deja de jugar su rol, viene el caos”, dijo Marte.
Entiende que si el Estado dominicano ha decidido retomar con la rigurosidad que eso amerita el tema de la revista, que implique una verdadera supervisión y fiscalización, la entidad que dirige la favorece, la aplaude, siempre y cuando no sea un negocio más para beneficiar a empresarios.
Estimó necesaria la inspección técnica vehicular porque es el único mecanismo que tiene el Estado para supervisar las condiciones de los vehículos, pero que tiene que ser transparente para beneficio de los ciudadanos y que o sea otra acción más para recaudar dinero y beneficiar a empresarios.
Certificación internacional
“Yo entiendo que tenemos condiciones de más para desde el Estado continuar con la revista, si Obras Públicas quiere hacerlo con las instalaciones, el Gobierno tiene espacio, pero lo que pasa es que se está buscando hacerlo con una visión y carácter internacional tal como funciona en los países modernos como España. Se ha tratado de plagiar ese mismo concepto tratando de hacer algo que perduré, según ellos”, sostuvo Marte.
Al dirigente choferil le preocupa que al Estado lo vuelvan a engañar como, según afirmó, ocurre con la expedición de licencia de conducir cuya empresa se queda con el 80 % de los beneficios y el Gobierno solo recibe un 20 %.
Sugiere que las discusiones sobre el tema no giren en torno al 90-10 (noventa por ciento para la empresa y 10 para el Estado, como está planteado, sino que al menos sea 60-40, que en su opinión es más o menos aceptable.