Cero mora, 100% accesibilidad y 100% transparencia. Tres metas irrenunciables en las que trabajar este 2023. Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, el año arranca lleno de posibilidades. Imposible, sin embargo, arrancarle una opinión sobre los planes de un Ministerio de Justicia.
-¿Qué depara el 2023 al Poder Judicial?
Tengo el sentimiento de que, aunque hay tantas dificultades, hay otras tantas oportunidades para el país, para la gente y para el Poder Judicial. Tenemos que centrarnos en esas oportunidades y en este momento, en pocas cosas que podemos realizar. No significa que no sean grandes cosas, pero que sean pocas. Si usted me pregunta cómo me levanto cada mañana, como dicen los jesuitas como “principio o fundamento”, sería una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Se puede desarrollar una encíclica.
-¿Cómo se aplica eso concretamente al Poder Judicial?
Cuando hablamos de garantizar la dignidad de las personas, en el Poder Judicial hablamos de pasar de eso que era el expediente a que tenemos un ser humano frente a nosotros que viene para solucionar un problema. Cuando la gente llega a la justicia, es porque tiene un problema y requiere de alguien que redima ese problema. Las personas quieren que se resuelva lo más rápido posible y es porque piensan que si no se resuelve rápido, es porque no hay justicia, y tienen razón. Justicia tardía no es justicia. Por eso, nuestro primer objetivo es lograr la cero mora en el Poder Judicial. Eso significa que cada uno de los integrantes del Poder Judicial esté consciente de que no puede haber retardo en los procesos.
¿La Suprema lo cumple?
La Suprema Corte debe ser la primera al tanto de ello. Por eso ni en la segunda ni en la tercera sala hay un expediente con más de seis meses y en la primera sala quedan algunos expedientes que tienen más de un año. Eso nos va a llevar este año con la noticia de que ya se aprobó la Ley de Casación y esa ley nos va a permitir que este gran esfuerzo que se ha hecho se pueda mantener. ¿Qué significa eso? Que la Suprema tiene la autoridad moral de exigir a los tribunales del país que no haya mora. La cero mora es un planteamiento que vivimos, luego filosofamos y, luego, lo predicamos.
-Esa será una batalla larga.
Será una batalla más rápida que como era antes, porque al mismo tiempo tenemos la Ley de Usos de Medios Digitales, que va a facilitar el proceso.
-Suena muy bien, pero… ¿qué pasa con los abogados cuya estrategia es precisamente dilatar los procesos?
Eso es parte de lo que tenemos que trabajar, pero es que todos estos procedimientos fueron pensados para el siglo XIX y XX, y tenemos que llevarlos hasta el XXI, hacer que la Justicia pase a este siglo. El segundo objetivo para nosotros es garantizar un 100% de accesibilidad a las personas. Cuando alguien va a un tribunal, espera que lo atiendan como cualquier servicio hoy, de carácter moderno. Si se pueden resolver cosas por internet o teléfono, ¿por qué en el Poder Judicial no se puede? ¿Por qué si voy a un tribunal, me recibe un policía y no una persona que pueda ayudarme? ¿Por qué, si llego a un tribunal y tengo una discapacidad motora, no puedo entrar con silla de ruedas? ¿Por qué si me han violado, debo estar expuesta a un proceso de revictimización? Las tecnologías nos sirven para garantizar mejor acceso de las personas a todo el servicio de administración de justicia.
«Quiero terminar con el tercer objetivo para el año: 100% de cero mora, 100% de accesibilidad y 100% de transparencia»Luis Henry MolinaPresidente de la Suprema Corte de Justicia“
-¿Qué está pasando con las cárceles, que están llenas de presos preventivos?
Voy a responder, pero quiero terminar con el tercer objetivo para el año: 100% de cero mora, 100% de accesibilidad y 100% de transparencia. Antes, para saber lo que estaba pasando, había que esperar meses. Una de las ventajas de ahora es que tenemos en línea todo lo que entra y en qué proceso se encuentra, por lo que la trazabilidad es una realidad…
¿Por qué hay presos preventivos? Es un problema que heredamos del sistema inquisitorio de toda América Latina y Europa. Cuando pasamos al sistema acusatorio, que fue la reforma del Código Procesal Penal, los actores no se pusieron de acuerdo en cerrar la llave de qué entraba o no a juicio. En los sistemas acusatorios, en todo el mundo, los casos que entran se solucionan en la fase inicial del proceso. Entre un 80% a un 90% no llega a juicio, sino que se negocia la pena, van a donde el juez y se soluciona. El sistema pasa años solo en la etapa preparatoria, porque no quiere llevar todos los casos a juicio. En la República Dominicana, por un tema cultural, por una formación litigiosa de todos los actores del sistema, no se ha solucionado. Tenemos que concentrarnos en eso, en cerrar la llave de la entrada.
Después, tenemos un conjunto de personas que están esperando ser juzgados en los centros de privación de libertad, pero a los que no se les ha conocido su causa. Esto es un problema de todo el sistema de justicia y por eso nos hemos sentado en la mesa el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial, y lo primero que tenemos que tener claro es, ¿quiénes están en la cárcel y por qué? Porque esto es una realidad, en República Dominicana no tenemos un registro biométrico de cada persona privada de libertad.
-No se sabe quiénes, cuántos y por qué están allí.
Yo no diría que no se sabe, lo que diría es que no tienen exactitud para saber que el preso o el privado libertad está en una u otra fase del proceso y cuál es el siguiente paso a dar. Eso no es posible con la tecnología de hoy en día y por eso es que hay que transformarlo. También hay personas privadas de libertad porque no pueden pagar una garantía económica, es triste. Igual, nos hemos sentado en la mesa, a identificar sus casos. Y hay personas que están privadas de libertad cuya condena es menor al tiempo que tienen ahí. Eso también es un problema multifactorial que requiere la coordinación de los actores y que no es culpa ni de la Defensa Pública ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial, pero sí es responsabilidad del sistema.
«Las tecnologías nos sirven para garantizar mejor acceso de las personas a todo el servicio de administración de justicia»Luis Henry MolinaPresidente de la SCJ“
-¿No hay una institución que se ocupe de los que no pueden pagar cuando las cantidades son pequeñas?
Puede haber una coordinación entre el Ministerio Público y la Defensa Pública, que vayan después ante el juez responsable. No estamos hablando de personas que han cumplido su condena y no tienen para pagar el dinero… Tenemos casos que están en la etapa inicial del proceso que también habría que trabajar. El tema de los presos preventivos es un problema del siglo pasado y que no aguanta más, en una democracia nadie puede estar privado de libertad sin una sentencia definitiva. Eso no es democracia.
-¿Cómo están las relaciones del Ministerio Público con el Poder Judicial? Ha habido ataques con las variaciones de medidas de coerción.
En el sistema de justicia cada cual tiene su rol, que está enmarcado por los procesos. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de presentar una acusación ante un presunto imputado y éste tiene derecho a una defensa individual o la que ofrece la defensa pública y está resguardada por una presunción de inocencia. Van ante un tercer imparcial, un árbitro y le plantean sus argumentos. Ese árbitro toma decisiones que a veces no gustan a la gente. Pero ese árbitro son los jueces dominicanos, que para mí son personas responsables, trabajadoras, comprometidas, dedicadas y estudiadas, que toman decisiones de conformidad con la Constitución y la ley y lo hacen de manera racional.