Miles de ciudadanos panameños han salido en los últimos días a las calles en contra de un contrato minero, que afectaría la biodiversidad de Panamá, según los ambientalistas que han convocado a las marchas, y que concede la cesión de territorios a una empresa del sector minero canadiense.
Con banderas panameñas, cerca de 50.000 personas -según los organizadores de las movilizaciones- salieron a las avenidas y espacios públicos de Panamá gritando consignas como: “Somos patriotas, no vende patrias”. Dicen que lo hicieron con el propósito de derogar el contrato firmado entre el Estado y la compañía Minera Panamá, filial de la minera First Quantum Minerals. El presidente del país, Laurentino Cortizo, ratificó el convenio.
Las protestas iniciaron el lunes pasado pero continuaron todos los días de la semana. Aunque se han desarrollado de manera pacífica en la mayoría de jornadas, a veces han terminado en enfrentamientos con la Policía local, también han conducido a bloqueos de las carreteras y a que las clases de todo el país fueran suspendidas a inicios de esta semana.
Una de las manifestantes, Camila Aybar Monteagudo, animó a los participantes con su discurso: Los jóvenes (…) nos estamos apoderando de la calle y no nos vamos a ir hasta que se derogue un contrato minero, que no fue consultado con la ciudadanía, que es totalmente abusivo, y con el que en solo tres días el Gobierno panameño aprobó la destrucción de 40 años de nuestro país.
Aybar señaló que el contrato “aprueba que una empresa minera pueda tener la mina más grande de cobre de todo Centroamérica en un país que no es minero y en una área protegida, que se conoce como el Corredor Biológico Mesoamericano, que contiene la biodiversidad más rica de 8 países”. Además, el movimiento ‘Panamá Vale más sin Minería’ -conformado por cerca de 100 organizaciones ambientales- no se detendrá hasta la derogación final del convenio.
Este viernes, el máximo tribunal de Panamá acordó considerar una segunda demanda que impugne el convenio. Por su parte, el sábado 28 de octubre la minera canadiense, protagonista del controversial contrato, aseguró que está profundamente preocupada por el ingreso de embarcaciones no autorizadas en un puerto en el que tiene operaciones en Panamá.
Nadie da el brazo a torcer
El gobierno de Laurentino Cortizo y First Quantum Minerals acordaron en marzo de este año un contrato de concesión ampliada de la mina Cobre Panamá a 20 años, que establece ingresos mínimos de 375 millones de dólares al físico y la supervisión estatal a la operación. La vasta mina representa casi el 5% de la economía de Panamá.
Después de una consulta pública, entre marzo y abril de este año, el gobierno aprobó el convenio en junio de 2023. Luego fue presentado al Parlamento del país para su aprobación y fue devuelto para que se le hicieran algunas modificaciones. Con las cambios realizados, el pasado 20 de octubre el Parlamento lo ratificó como con la Ley 406.
Pese al desencadenamiento de las multitudinarias manifestaciones, el gobierno de Panamá continúa defendiendo el contrato, tanto que el pasado viernes el ministro de Economía panameño, Héctor Alexander, ratificó su apoyo al acuerdo minero.
“Panamá es un país minero”, afirmó Alexander en diálogo con la agencia de noticias Reuters. El funcionario argumentó que sin la mina, la economía del país tendría un crecimiento mínimo frente a las estimaciones del gobierno que pronostican el 6%.
Sin embargo, el Gobierno también anunció, ese mismo día, que el país rechazará todos los nuevos proyectos mineros. Según Cortizo, esta acción se aplicará a aquellos que actualmente están buscando aprobación y también a los que se llegasen a presentar en el futuro.