Santo Domingo, RD.- La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, conocerá en audiencia una demanda interpuesta por la compañía Eme Productions S.R.L, contra el Ministerio de Turismo y su titular David Collado, así como otras instituciones públicas y privadas, por incurrir en violación a la Ley 65-00 de Derecho de Autor, por el uso no autorizado de las obras Marca País, denominadas «Aquí PROMOVEMOS el País y República Dominicana: Un País Especial (Historia, Turismo y Cultura)» autoría de la compañía demandante.
En la audiencia que está fijada para el próximo día 4 de diciembre, están sometidos también el Ministerio de Relaciones Exteriores, el CEI-RD, actualmente Pro Dominicana, la empresa Made in Spain S.R.L, funcionarios y miembros del sector privado que conforman la Comisión Multisectorial creada por el Decreto No. 466/2020, por mutilar parte de un proyecto registrado desde hace más de 15 años en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, entre 2005 y 2012.
Ante esta situación, los abogados Jhonny Rodríguez y Joselito Bautista, representantes legal de Eme Productions, indicaron que las instituciones emplazadas, al igual que Made in Spain, y el sector privado que integra la Comisión Multisectorial vinculada al ámbito turismo en el país, han sido debidamente notificados para que comparezcan a la audiencia, quienes venian utilizando las obras sin la debida autorización desde el 2013, pero que esto se afianzó con mayor intensidad del 2017 al 2021.
Explicaron, que tras ser notificados los funcionarios involucrados, las instituciones demandadas iniciaron a retirar la publicidad ejecutada tanto en el mercado local como internacional, acción que según indicó afecta la imágen de la República Dominicana.
De su lado, Francisco Morillo, presidente de la empresa Eme Productions S.R.L y creador de las obras, advirtió que la demanda en curso podría acarrear graves consecuencias para el país, ya que la justicia dominicana aplicará sanciones debido a las mutilaciones de las dos obras, cuya inversión ha sido considerable, tanto en recursos financieros como en humanos, incluyendo artistas, artesanos, creativos, camarógrafos y editores que participaron en su realización.
Expresó su inconformidad con lo sucedido y dijo «cómo un país que promociona la seguridad jurídica, como uno de sus principales atractivos para la inversión extranjera, pueda estar involucrado en esta flagrante violación a la Ley 65-00, en perjuicio de la creatividad, la profesionalidad y reputación de una empresa» deploró.
En virtud del proceso, Morillo indicó que se han agotado todos los plazos establecidos, siendo la última notificación enviada el 24 de enero de este años, otorgando un límite para llegar a acuerdos antes de recurrir a los tribunales «pero esto no produjo ninguna reacción y en consecuencia, lo que suceda de ahora en adelante será responsabilidad exclusiva de las autoridades del sector turístico, con las posibles repercusiones que este proceso judicial pueda tener para el país» advirtió.
Agregó, que también el sector privado lleva responsabilidad en este caso, por respaldar las infracciones sobre la violación a la Ley 65-00 de Derechos de Autor, por lo que indicó que también deberá comparecer ante los tribunales para que responda por sus acciones en este proceso, tras indicar que si es necesario, acudirán ante los organismos internacionales correspondientes, para demostrar de manera vergonzosa que el país, sin necesidad alguna, recurrió al plagio, el engaño y la corrupción para promoverse y crecer, dijo.
Denunciaron además, que la inexistente empresa Made in Spain S.R.L., tenía como objeto comercializar, fabricar, almacenar, transportar e intermediar en la distribución de alimentos como frutas, vegetales, carnes, medicamentos, productos artesanales, agricultura, entre otros servicios, además de ofrecer un renglón no compatible de servicios de publicidad, administración y representación, así como licencias en procedimientos industriales y tecnológicos, sin embargo no cuenta con domicilio, sin embargo, fue contratada por Francisco Javier García y ratificada por el actual ministro de Turismo, David Collado, concluyó.