Santo Domingo RD–El expresidente Leonel Fernández se pronunció en respuesta de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, debido a que grupo de descendientes haitianos realizó la semana pasada una protesta frente al Palacio Nacional, aclarando que «la sentencia referida nada tiene que ver con esos alegatos.
No se trata de una decisión judicial orientada hacia la segregación racial, como ocurría en África del Sur, en tiempos de Nelson Mandela, o hacia un despojo arbitrario y masivo de una nacionalidad que jurídicamente no les corresponde».
Fernández explicó que «lo que la sentencia procuraba, como muchas veces se ha indicado, era estatuir sobre el hecho de que la nacionalidad dominicana no se adquiere única y exclusivamente por haber nacido en el territorio dominicano.» En este sentido, destacó que en la República Dominicana no predomina el ius solis (derecho de suelo) para conceder la nacionalidad, sino el ius sanguinis (derecho de sangre), que requiere haber nacido de padres dominicanos.
El exmandatario también se refirió al contexto histórico que llevó a esta situación, señalando que «desde varios años atrás, debido al desarrollo de la industria azucarera, gran cantidad de nacionales haitianos empezaron a instalarse en territorio dominicano. Muchos se quedaban en el país, de manera irregular, al término de la jornada laboral. Crearon familias con descendientes nacidos en el territorio nacional, a quienes, desde el punto de vista jurídico, no les correspondía la nacionalidad dominicana.»
Señaló algunas consecuencias que tuvo la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013, incluyendo acusaciones internacionales de racismo y violaciones a los derechos humanos. Fernández recordó que «hubo, inclusive, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reclamaba dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional y concederle la nacionalidad dominicana a todos los que, presuntamente, habían sido afectados.»
Finalmente, el expresidente subrayó que la Constitución proclamada en 2010 ya había establecido de manera definitiva las condiciones requeridas para disponer de la nacionalidad dominicana, buscando aclarar cualquier duda sobre el alcance de la disposición del Tribunal Constitucional.
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