Santo Domingo. – La magistrada Bionni Zayas Ledesma, jueza integrante del Consejo del Poder Judicial (CPJ) de República Dominicana, hizo un llamado a reflexionar sobre cómo contribuir para erradicar la violencia de género y apoyar a las víctimas en su búsqueda de justicia.
La jueza Zayas Ledesma realizó el planteamiento durante el XX Encuentro de magistradas de los más altos órganos de Justicia de Iberoamérica “por una justicia de género”, y su participación en el taller “Estándares Internacionales de la Corte Penal Internacional en el Juzgamiento de la Violencia basada en Género”.
En su ponencia, reconoció el papel crucial que desempeña la Corte Penal Internacional (CPI) en el juzgamiento de la violencia basada en género, cuyos estándares y procedimientos buscan justicia para las víctimas y establecen precedentes importantes para la protección de los derechos humanos a nivel global.
Aseguró que, la violencia de género afecta a todas las sociedades y requiere un enfoque integral y colaborativo para su erradicación.
“La labor de la Corte Penal Internacional nos recuerda que la justicia internacional es una herramienta poderosa contra las atrocidades; promueve un mundo más equitativo y seguro para todos y todas”, afirmó la consejera.
Para la jueza, cuya labor jurisdiccional la ha ejercido en materia penal, abordar de manera efectiva y justa los casos de violencia de género garantiza que se haga justicia.
La delegación dominicana que participa del cónclave la completan las juezas Pilar Jiménez, presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia; Vanessa Acosta Peralta, integrante de la citada sala; Nancy Salcedo, de la Sala Penal de la SCJ y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial; María Garabito Ramírez, jueza de la Segunda Sala de la SCJ, y la directora de Justicia Inclusiva, Rosa Iris Linares.
El XX Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica “por una justicia de género” realizado en Paraguay, concluyó con la firma de la Declaración de Ciudad del Este, en la cual las magistradas y exmagistradas firmantes se comprometen a promover los cambios en la cultura jurídica para incorporar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, por medio del control de convencionalidad.